España ha sido la nación europea que ha aplicado las medidas más drásticas en la lucha contra la pandemia que nos asola. Ninguna otra nación del viejo continente ha sometido a sus ciudadanos a tanta privación de sus derechos fundamentales, como es el estado de alarma que decretó el gobierno confinando a un país entero en sus casas, sin restricciones, como medida general para todos.
Este estado de excepción se ha ido prolongando una y otra vez hasta hacer insoportable la situación en muchas personas, agravando las dolencias de quienes las tuvieran antes de la pandemia y que se agravaron en un confinamiento inundado de miedo a salir de casa, a hospitales desbordados y urgencias colapsadas. Y también, y quizá más importante aún, condenando la economía a un desastre total sin precedentes que afectará hasta los cimientos del PIB, con todo lo que eso conlleva a corto, medio y quizá, largo plazo.
El paro afectará a cientos de miles, quizá millones, de hombres y mujeres, por la quiebra de empresas, al cierre de comercios, la caída de de importaciones y exportaciones y cualquier otra disyuntiva derivada del colapso económico. ¿Y todo eso para qué? Para que a día de hoy, y con los rebrotes aparecidos, nuestro país sea EL QUE MÁS CONTAGIOS padece de toda Europa y uno de los primeros del mundo, por delante de naciones que cuyas medidas fueron mucho más leves o, incluso, no decretaron confinamientos.
¿Es esto asumible por la ciudadanía? ¿Qué debería hacer el gobierno y la oposición que lo apoyó?
¿Deberían dimitir TODOS?
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